Artículo redactado por Ignacio Moreno Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad de Valladolid.

 

1. Sobre la obra:

El Príncipe de Nicolás Maquiavelo fue escrito en 1513 y publicado póstumamente en 1532. Maquiavelo lo redactó tras ser destituido y exiliado de Florencia, buscando congraciarse con los Médici, la familia gobernante.

El contexto histórico de la obra es el Renacimiento italiano, una época de inestabilidad política en Italia, fragmentada en múltiples estados en conflicto. Maquiavelo, con experiencia diplomática, analiza cómo un gobernante debe actuar para obtener y conservar el poder, priorizando la eficacia sobre la moral.

 

2. Otras obras importantes de Nicolás Maquiavelo:

  • «Discursos sobre la primera década de Tito Livio» (1517): Un análisis de la historia de Roma y la política republicana, donde defiende la importancia de las instituciones republicanas.
  • «La mandrágora» (1518): Una comedia satírica que critica la corrupción y la hipocresía de la sociedad de su época.
  • «Historia de Florencia» (1520-1525): Un encargo de los Médici que relata la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta el siglo XV.
  • «Del arte de la guerra» (1521): Un tratado en forma de diálogo donde expone su visión sobre la importancia de un ejército nacional y la defensa de los estados. (La visión de Nicolás Maquiavelo en relación con la defensa de los estados siempre ha sido objeto de estudio en materia de Derecho Internacional Público).

 

3. Las facultades del príncipe: la bestia y el hombre.

Para Maquiavelo, todo político, dirigente o gobernante (princeps) debe reunir dos facultades básicas que a priori pueden parecer incompatibles.

La primera de ellas es la astucia, esta facultad dota al soberano de capacidad para tomar las decisiones que calificaríamos de buenas o adecuadas. En el fragmento de su obra El príncipe, Maquiavelo hace referencia a la astucia de la Zorra, tal y como hacían los clásicos como Esopo. Esta astucia se impone a la lealtad, que se ve reflejada en las leyes y en la confianza. El gobernante debe ser sagaz en la forma en que ordena la vida en su dominio. La astucia no es más que la forma que tiene el príncipe de hacer prevalecer su autoridad sobre los demás. En una primera instancia cualquiera pudiera pensar que el dirigente, el político, debe ser un individuo honesto, que “mantenga la palabra dada” y obtenga la confianza de aquellos a los que gobierna. Esto, en la teoría, resulta agradable al inocente pensamiento humano pero, ¿No demuestra la experiencia que el juego del poder esconde más crudas triquiñuelas y desfavores? Pues si, Maquiavelo, no ingenuo de sí mismo, es consciente de esta ficción y, por ello, nos dice: «se ve por experiencia en nuestros días cómo aquellos que han tenido muy poco en cuenta la palabra dada y han sabido burlar con astucia el ingenio de los hombres, han hecho grandes cosas superando al final a aquéllos que se han basado en la lealtad.»

La segunda de las facultades que forjan al gobernante es la fuerza, aquel León de las fábulas clásicas que mencionaba. La fuerza es la facultad que puede llegar a suplir la falta o la insuficiencia de la astucia. Cuando la ley resulta escasa al cumplimiento de la voluntad del soberano, la fuerza entra en juego para afianzar esa posición de poder que lo caracteriza.

Prosigue el autor diciendo: «Por lo tanto es necesario que un príncipe sepa actuar según convenga, como bestia y como hombre» y, a continuación, menciona como multitud de héroes helénicos acudieron al centauro Quirón para nutrirse de sus enseñanzas, tanto por su sabiduría y astucia como por su fuerza y habilidad en el combate.

Queda reflejada, por tanto, la idea de la política para Maquiavelo: ese príncipe que se abre camino con su astucia y su fuerza hasta alcanzar el poder lo hace motivado por una finalidad específica. La política es absolutamente autónoma de la filosofía o la moral, y no es más que el arte de conquistar, ejercer y conservar el poder.

 

4.     Antropología pesimista: la concepción del hombre como un ser inconscientemente guiado a la perversión

El ser humano es malo por naturaleza, mentiroso, egoísta, ambicioso e interesado. Esto deriva en una inevitable (o, podríamos decir, natural) corrupción o destrucción del poder; lo que nos lleva a cuestionarnos:

Primero. ¿Qué tipo de organización política es la más adecuada a la naturaleza humana? ¿Un Estado de Derecho?

Desde la época de la Transición hasta nuestros días se ha generalizado la idea de que el jurista debe ser un fiel defensor del Estado de Derecho. Sabemos que la Constitución Española consagra en su artículo primero la configuración del Estado español como un Estado social y democrático de Derecho. En primer lugar debemos delimitar el concepto de forma de estado del concepto de forma de gobierno para, así, poder razonar sobre cual de cada una de ellas sería la forma indicada de organización de acuerdo con esta perversa naturaleza humana de la que partimos:

Forma de Estado: La forma de Estado se refiere a la organización territorial y estructural del poder dentro de un país. Determina cómo se distribuye la autoridad y la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Son ejemplos de formas de estado: Estado unitario, Estado Federal o Estado Confederado.

Forma de gobierno: La forma de gobierno se refiere a cómo se ejerce el poder político y cómo se organizan las instituciones públicas: Monarquía (absoluta o constitucional), República (Presidencialista, Parlamentaria o Mixta), Tiranía, Teocracia o Oligarquía.

El Estado español sigue un modelo de Estado de Estado unitario descentralizado (por su división territorial en las diferentes Comunidades Autónomas), organizado políticamente como una monarquía parlamentaria donde se propugnan unos valores superiores como son la democracia y la sujeción a la ley.

Aclarados estos conceptos surge la duda de si la organización política actual del Estado español es la correcta, partiendo de la base que dábamos antes: que el hombre, el gobernante, por naturaleza es malvado y egoísta. Y la respuesta, nada más lejos de la realidad, es que no.

El panorama político español actual pone de manifiesto un claro declive de la separación de poderes y los ideales democráticos. A nuestros políticos se les llena la boca de la palabra “democracia” en los mítines y en las entrevistas de televisión cuando son plenamente conscientes de ser unos auténticos oligarcas. Me atrevo a decir que la democracia que tanto les costó alcanzar al pueblo español y a los conocidos como Padres de la Constitución ha degenerado en un sistema en el que vivimos gobernados por unos déspotas que toman decisiones gracias a los votos que les ha proporcionado una muchedumbre que presenta una voluntad viciada, que impide que se la califique como pueblo. Y siendo realistas, ya nos advirtieron numerosos autores a lo largo de la historia pero, sin embargo, aquí estamos.

Fue Polibio (200 a. C.-118 a. C) quien, sobre la base de la teoría de la Anaciclosis de Platón, elaboró su propia idea del declive del poder político, de la degradación de la ideal democracia hacia el peor de los estados del poder: la oclocracia. Posteriormente, ya en el siglo XV, fue precisamente Maquiavelo quien expresó en Discursos sobre la primera década de Tito Livio su preocupación por la degeneración de la democracia en un desorden incontrolable.

Y ya respondiendo a la pregunta ¿Qué forma de organización política es la idónea? Sólo puedo responder que ninguna, pues estoy completamente de acuerdo con la concepción del ser humano como un individuo egoísta, con una gran ambición de dinero y de poder, capaz de dejar la moral de lado o de “vender incluso a su madre” por obtener un mejor estatus social o mejorar su capacidad económica.

Segundo: Si la política es como decía Maquiavelo una técnica de poder, ¿es concebible un sistema político dirigido a la protección de los derechos humanos, tal como ha sido justificado por los teóricos contractualistas?

Maquiavelo concebía la política como una técnica de poder, donde el gobernante debía actuar de manera pragmática, incluso dejando de lado la moral si era necesario, para conservar el Estado. En este sentido, la prioridad no eran los derechos individuales, sino la estabilidad y el éxito del gobierno.

Por otro lado, los teóricos del contractualismo (como Hobbes, Locke o Rousseau) justifican el poder político en función de un contrato social donde el Estado existe para garantizar derechos fundamentales, como la vida, la libertad y la propiedad. En este modelo, la legitimidad del poder radica en la protección de los ciudadanos, lo que parece oponerse al enfoque maquiavélico.

Sin embargo, ambos enfoques pueden conciliarse en cierta medida. Un sistema político que protege los derechos humanos necesita poder y estabilidad para garantizar su cumplimiento. En este sentido, un gobierno podría usar la «técnica del poder» maquiavélica (como la astucia y la estrategia) para mantener el orden y hacer efectivos los principios del contractualismo. Esto se observa en las democracias modernas, donde el poder del Estado es fuerte pero se legitima a través de la protección de los derechos ciudadanos.

Ahora bien, como manifesté anteriormente el problema de la democracia actual es la densa niebla que media entre los poderosos y el ciudadano de a pie. Aquello que sirvió de base a los contractualistas para fundamentar la existencia de un Estado hoy en día se ha convertido en una excusa para garantizar que, lo que yo denomino “ la clase política”, se mantenga en su escalafón superior, pues hay que ser conscientes de que les importa muy poco la protección de los derechos fundamentales.

Tercero: ¿Crees que la antropología del “egoísta racional” condiciona la manera en que nosotros entendemos la ciudadanía, los deberes de compromiso público y exigencia de responsabilidad en los Estados constitucionales actuales?

Esta cuestión tiene una respuesta muy clara: un sí rotundo. La naturaleza humana influye directamente en el desarrollo de la política y esto, sin entrar a mencionar casos concretos, se ha puesto de manifiesto en la mayoría de estados democráticos en los últimos años. La supuesta existencia de un sistema de responsabilidad política se ha visto burlada por numerosos jefes de gobierno, eludiendo preguntas en las sesiones de control parlamentarias, faltando a la verdad o realizando pactos que únicamente responden a intereses partidistas (egoísmo) en vez de constituir la solución a los numerosos problemas diarios que afronta la ciudadanía.

5. La política como técnica de dominación para conseguir resultados.

Maquiavelo está diciendo que la política es razón de estado. Aquí reside la transgresión de Maquiavelo: la política sigue sus propias reglas porque tiene un único fin que consiste en la utilidad (“han hecho grandes cosas”). Por lo tanto, mientras que la gente normal tiene que atenerse a reglas morales y jurídicas, el gobernante no. Desde este punto de vista, el gobernante tiene que hacer lo que convenga para ganar. Pues bien, si has leído con calma el texto, verás que los medios que utiliza el gobernante para ganar requieren que esté dispuesto a mentir, matar, sobornar, infringir las leyes, etc. Es lo que podría denominarse como “la conveniencia de la legalidad” o el uso interesado de las leyes.

Esta visión de Maquiavelo puede apreciarse en los gobiernos actuales tal y como él lo describe. Por poner un ejemplo real y, para que me creáis, el actual gobierno de Pedro Sánchez ha sido tachado por diferentes juristas como José María Macías Castaño, uno de los vocales del CGPJ, como abusador de la figura del Real Decreto-Ley. En palabras del magistrado: «es un abuso conscientemente antidemocrático, al saltarse los controles de la Constitución y, dentro ya del juego parlamentario, la participación de las minorías y de los órganos consultivos».

En 2022, el 27% de las normas aprobadas fueron decretos-leyes, cifra que se elevó al 32% en 2023. «Esta práctica deteriora la función legislativa del Parlamento y el proceso deliberativo. No solo se abusa del decreto-ley sin razones de urgencia y extraordinaria necesidad, sino que ninguno de los decretos-leyes luego tramitados como proyecto de ley en estos años ha sido aprobado como ley, lo que pone de relieve un problema grave», declaró Elisa de la Nuez, quien fue Abogada del Estado.

Saque cada uno sus propias conclusiones…

Primero: ¿El fin justifica los medios? Algunos autores han opinado que los medios son neutrales y que lo único que debe discutirse es el objetivo que se pretende conseguir. Si el fin es bueno, los medios para alcanzarlo son buenos. Pero Maquiavelo no dice eso: los medios empleados serán malos o buenos (moralmente o jurídicamente), pero al profesional de la política no se le juzga por el uso de unos medios u otros, sino por los resultados. Por ello me he propuesto buscar algún ejemplo de buenos resultados alcanzados mediante instrumentos inmorales o ilícitos y, ¡sorpresa!, los hay a patadas.

Cualquier conflicto armado es el ejemplo perfecto. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki como estrategia de los Aliados para derrocar a las potencias del Eje, la actual búsqueda de la paz por el presidente norteamericano Donald Trump en relación con la guerra en Ucrania y, ¿por que no? la invasión rusa en este mismo país, pues para el gobierno del Kremlin la ocupación de Ucrania sería un buen resultado.

Segundo: Los dilemas trágicos. ¿Cómo conciliar la seguridad nacional y los derechos?: Si se utilizan medios ilícitos para obtener un buen fin, por ejemplo, si se infiltran agentes en organizaciones terroristas y se elimina a miembros, a sus “cabecillas” o incluso a colaboradores ¿no se corrompe también el sistema político, sobre todo si no hay distinción entre los criminales de la banda y sus apoyos sociales o partidistas?

Una vez más para responder a esta pregunta nos encontramos un nuevo “tira y afloja”. Es evidente que en el marco de un Estado de Derecho deben existir unos valores, unas libertades y un sistema jurídico que haga de contrafuerte y soporte esa construcción. La seguridad nacional es uno de esos pilares. ¿Cómo no iba a prever el Estado de Derecho un concepto jurídico respaldado por una normativa para garantizar su propia seguridad?, esta idea de estabilidad o relativa calma y el entramado normativo que trata de asegurarla no es más que la fuerza del príncipe aplastando a aquellos ingenuos rebeldes que tratan de destronarle.